Periodistas de Yucatán se Unen en Contra de Claudia Lizaldi, Tras Amenazarlos con Demandas

Redacción / CAMBIO 22

La comunidad periodística de Yucatán alza la voz en un rechazo rotundo a cualquier intento de censura o intimidación. En un contexto donde la información es más valiosa que nunca, nos alarma y condenamos enérgicamente las acciones que buscan silenciar la labor de los medios y coartar la libertad de expresión en nuestro estado.

Nos pronunciamos en referencia a un comunicado emitido por un despacho jurídico que representa a la actriz y conductora Claudia Lizaldi. Dicho comunicado sugiere que varios medios de comunicación han difundido información “inexacta”. En un acto que ha resonado como un eco de autoritarismo, este despacho externo a Yucatán ha emitido un comunicado de prensa que busca amordazar a los medios de comunicación locales. El documento exige el cese de publicaciones que la involucran, argumentando un supuesto contenido “malintencionado y difamatorio”. ¿Acaso creen que en Yucatán vamos a callar la voz del pueblo con papel sellado desde fuera? ¡Aquí la verdad no se negocia, se grita!

La señora Lizaldi tiene todo el derecho de sacar su comunicado y de decir su verdad, pero eso a querer censurar y callar a la prensa con amenazas e intimidaciones es lo más vil. El comunicado del despacho legal afirma que “Mi representada ha sido objeto de publicaciones malintencionadas y difamatorias en las que se utiliza su nombre e imagen sin autorización, con evidente intención de dañar su reputación personal y profesional”. Sin embargo, olvidan un detalle crucial: la señora Lizaldi es una figura pública cuya imagen se expone voluntariamente. Las publicaciones a las que hacen referencia no emiten sentencias; simplemente recogen testimonios y hechos “presuntos” narrados por una fuente cercana que se siente agraviada.

La pregunta es contundente: ¿La palabra de una testigo vale menos que la de un abogado? Ni una ni otra son la verdad absoluta. Determinarlo es tarea de un juez, no de una oficina de relaciones públicas que intenta controlar el flujo de información.

Los medios de comunicación no somos fiscales ni defensores. Nuestra labor es informar. Compartimos los testimonios, videos, imágenes y reportes ciudadanos que nos llegan. Si alguna parte considera que hay imprecisiones, el camino legal es el derecho de réplica, no la intimidación disfrazada de cortesía. No se puede pretender acallar con advertencias disfrazadas de cordialidad. No se puede hablar de “respetuosamente enérgico”: o se es respetuoso o se es amenazante, pero no ambas cosas en un mismo vaso.

Este intento de censura no es solo un ataque a la libertad de prensa; es un desprecio hacia la sociedad yucateca. No permitiremos que se minimice la voz del pueblo con cartas selladas desde fuera del estado. Yucatán no es tierra de ignorantes ni de cobardes: aquí también se piensa, se denuncia, y se exige justicia. Dejar pasar este tipo de amenazas legales sería permitir que foráneos vengan a pisotear a un pueblo que tiene derecho a saber y opinar.

En México, la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, es un derecho inviolable. Ninguna ley ni autoridad puede establecer censura previa ni limitar esta libertad. A nivel global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara: toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas, sin fronteras y por cualquier medio. Estos principios fundamentales son la base de nuestra democracia y la garantía de una sociedad informada y libre.

Los periodistas de Yucatán rechazamos rotundamente estas acciones. No a la censura. La sociedad tiene derecho a saber. Los medios somos la voz del pueblo, y esa voz no se calla ni con amenazas ni con comunicados legales. ¡En Yucatán, la verdad no se silencia, se amplifica!

Fuente: Facebook (Que Todo Tizimín se Entere)

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